Zaida García, una joven residente del Centro de Monterrey, denunció públicamente un caso de acoso sexual ocurrido en el estacionamiento de su edificio. Según su testimonio, el agresor —quien aparentemente frecuenta el lugar por tener familiares que trabajan en el inmueble— fue sorprendido realizándose tocamientos mientras ella se encontraba lavando su vehículo. A pesar de haber presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el presunto responsable sigue apareciendo en las instalaciones del edificio.
El caso ha generado preocupación no solo por la falta de acciones contundentes por parte de las autoridades, sino también por la aparente protección que algunos trabajadores del edificio estarían brindando al acusado. Para Zaida, la situación no solo representa una amenaza directa a su seguridad, sino un recordatorio constante de que el entorno en el que debería sentirse segura ha dejado de serlo.
El acoso sexual y la denuncia
El incidente ocurrió el pasado 18 de mayo, cuando Zaida se encontraba en el estacionamiento del edificio lavando su camioneta. Fue entonces cuando notó la presencia de un hombre en las cercanías que se estaba tocando frente a ella. “No había nadie alrededor que me pudiera apoyar y mejor regresé para gritarle y pedirle que se saliera. Y en efecto se salió, no negó las acusaciones”, relató.
Tras el hecho, Zaida acudió a la Fiscalía especializada en violencia contra la mujer y feminicidios, donde recibió asesoría legal. Posteriormente presentó una denuncia virtual, la cual fue clasificada como “disturbios a la moral”, aunque la joven insiste en que se trató de un acto de acoso sexual. A pesar de haber mostrado evidencia, las autoridades aún no han reconfigurado la tipificación del caso, que sigue abierto y en espera de un dictamen psicológico programado para el 15 de julio.
Protección al señalado complica el caso
La situación se ha tornado más compleja debido a que el presunto acosador tiene lazos familiares con empleados del edificio. Esto ha generado, según Zaida, una barrera informal entre las autoridades y la aplicación de justicia. Asegura que el hombre sigue acudiendo al lugar, donde incluso ha sido empleado temporalmente, lo que refuerza su temor diario.
“Las personas que lo traen al edificio dicen que tiene una presunta condición mental, y por eso me piden empatía. Pero yo también tengo derecho a sentirme segura en donde vivo”, señaló. La joven agregó que una de las trabajadoras del edificio, quien es cuñada del señalado, también fue víctima de una agresión previa, cuando este le arrojó piedras. A pesar de haberlo denunciado de manera interna, no se tomaron medidas correctivas ni se le impidió el acceso.
Medidas de seguridad por cuenta propia
Ante la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades y la administración del edificio, Zaida ha tenido que implementar medidas de seguridad personales. Ha reforzado puertas y ventanas, y colocado cámaras en zonas estratégicas del departamento con el objetivo de protegerse.
Lo más preocupante para ella es que, pese a contar con el respaldo de una denuncia formal, todavía convive en el mismo entorno con quien la agredió. “Los policías actuaron rápido cuando los llamé y les agradezco su empatía. Pero los familiares de esta persona intervinieron para que no se lo llevaran, diciendo que está enfermo. Entonces, ¿yo qué soy? ¿no cuento con el mismo derecho a ser escuchada?”, cuestionó.
El caso, además de reflejar una posible falla institucional, revela los desafíos que enfrentan muchas mujeres al intentar denunciar agresiones sexuales en contextos donde el agresor forma parte del entorno cercano o tiene respaldo social.
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