El DIF Fabriles se convirtió en el epicentro de uno de los casos más graves de violaciones a derechos humanos en Nuevo León. La muerte de un adolescente bajo custodia estatal y el traslado irregular de otro menor fuera del estado, confirmados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, exhibieron un sistema que no protegió a la niñez y un manejo institucional marcado por el silencio y las omisiones.
Un Expediente Que Revela Dos Errores Del Gobierno Estatal
La resolución de la CNDH no analizó un solo hecho aislado. Integró dos casos distintos ocurridos en el Albergue Fabriles que, en conjunto, mostraron un patrón de actuación preocupante del DIF estatal.
Por un lado, un menor murió mientras se encontraba bajo resguardo institucional. Por otro, un adolescente fue trasladado fuera de Nuevo León sin orden judicial ni consentimiento familiar.
Ambos episodios ocurrieron dentro de la misma institución y durante la misma administración, lo que llevó al organismo nacional a concluir que existieron violaciones graves al debido proceso y al interés superior de la niñez.
El Asesinato De Ángel Moreno Dentro Del DIF Fabriles
Ángel Moreno tenía 14 años cuando murió el 9 de febrero de 2022 dentro del DIF Fabriles. El adolescente estaba bajo custodia del Estado, lo que implicaba una responsabilidad directa sobre su integridad física.
Durante más de una semana, el gobierno estatal no informó públicamente sobre el fallecimiento. Cuando finalmente se emitió una postura oficial, se aseguró que la causa había sido una peritonitis derivada de problemas estomacales.
Sin embargo, testimonios recabados durante la investigación señalaron que el menor fue golpeado por personal del albergue. La CNDH acreditó que esas agresiones ocurrieron y que no se dio aviso al Ministerio Público ni al Órgano Interno de Control, pese a tratarse de una muerte bajo custodia.
El Manejo Del Caso Y Las Omisiones Institucionales
La tardanza en informar, la versión médica inicial y la falta de protocolos adecuados marcaron el manejo del caso desde el primer momento. Para la CNDH, estas decisiones no fueron menores.
El organismo nacional concluyó que el DIF incumplió procedimientos legales básicos. No solo falló en la protección del menor, sino también en garantizar una investigación transparente y oportuna.
Estas omisiones ocurrieron bajo la administración encabezada por Samuel García, con Mariana Rodríguez como figura visible del DIF estatal. El contexto político fue determinante para entender cómo se gestionó el caso.
Miguel Ángel Sánchez Y La Dirección Del DIF
Cuando ocurrieron los hechos, Miguel Ángel Sánchez se desempeñaba como director general del DIF estatal. Bajo su gestión se tomaron las decisiones iniciales frente a la muerte de Ángel Moreno.
De acuerdo con los señalamientos incluidos en las investigaciones, Sánchez ordenó borrar grabaciones de las cámaras de seguridad del albergue. Dichos registros habrían captado las agresiones previas que sufrió el menor.
La eliminación de ese material limitó el acceso a pruebas clave y reforzó la percepción de encubrimiento institucional. Para la CNDH, esta acción agravó las violaciones a los derechos humanos.
Salida Del Cargo Sin Cierre Del Caso
El 14 de junio de 2022, Miguel Ángel Sánchez dejó la dirección del DIF estatal en medio de la polémica. El relevo ocurrió sin una explicación pública detallada sobre las razones de su salida.
Aunque abandonó el cargo, no enfrentó consecuencias inmediatas. Posteriormente, fue acusado por la Fiscalía junto con otros exfuncionarios, presentó un amparo y no fue vinculado a proceso.
Años después, Sánchez fue nombrado delegado nacional de su partido en Nuevo León, lo que generó nuevas críticas sobre la falta de rendición de cuentas.
El Segundo Caso: Traslado Ilegal De Un Menor
El expediente revisado por la CNDH incluyó un segundo caso ocurrido el 4 de noviembre de 2020. Un menor ingresó al DIF Fabriles con la promesa de un proyecto educativo integral.
A la familia se le informó que el adolescente recibiría clases y atención especializada. Sin embargo, sin consentimiento familiar ni orden judicial, fue trasladado a un centro de rehabilitación en Veracruz.
La CNDH determinó que este traslado constituyó una violación grave a los derechos del menor y evidenció un uso arbitrario de la autoridad por parte del DIF estatal.
Exigencias De Justicia Y Señalamientos Públicos
Al cumplirse un año de la muerte de Ángel Moreno, el 18 de mayo de 2023, organismos civiles y diputadas exigieron esclarecer qué ocurrió realmente en el albergue.
Ese mismo mes, se formalizaron acusaciones contra tres exfuncionarios. Miguel Ángel Sánchez fue imputado y presentó un amparo. Raymundo Francisco fue vinculado a proceso por homicidio y permanece prófugo. Mauricio Miguel fue vinculado a proceso por encubrimiento.
Estas acusaciones reforzaron la gravedad del caso y su dimensión institucional.
“Crimen De Estado”, La Definición De La CEDH
El 30 de mayo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos calificó la muerte de Ángel Moreno como un crimen de Estado. El señalamiento colocó el caso en un plano de responsabilidad estructural.
La CEDH solicitó una disculpa pública, la instalación de memoriales y una compensación económica para la familia del menor que hasta la fecha el gobierno naranja no ha querido acatar.
Un Caso Que Cuestiona La Protección Infantil En Nuevo León
La muerte de un adolescente y el traslado irregular de otro dejaron una conclusión difícil de ignorar: el DIF Fabriles no protegió a los menores bajo su cuidado.
El asesinato de Ángel Moreno se convirtió en un símbolo de las fallas del sistema estatal, del manejo opaco de la información, el encubrimiento por parte de Samuel García y la falta de consecuencias para los responsables.
A más de tres años de los hechos, el caso sigue abierto en la memoria pública y en la exigencia de justicia.
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