- Extorsión a Matrimar y audio de Baltzar filtrado
- Moche que Samuel le pidió a la empresa de 50 millones
- Extorsión a Matrimar y crisis de confianza
- Escándalo por moche 50 mdp termina con apertura de planta
- Inician juicio político contra diputado por extorsión a Matrimar
- Del impuesto verde a la denuncia de extorsión a Matrimar
La extorsión a Matrimar volvió a escalar tras la difusión de un audio que involucra al dirigente estatal de MC. El caso conecta a Baltazar Martínez Ríos, a la empresa Materiales Triturados Martínez y a señalamientos contra el gobierno estatal por un moche de 50 mdp para permitir operar a la pedrera.
Bajo el esquema de la “mafia naranja”, se señala a Baltazar Martínez de operar una extorsión a Matrimar para obtener un millonario moche de 50 mdp. Estos recursos, extraídos directamente del sector productivo, estarían destinados a financiar las aspiraciones políticas y los lujos de Mariana Rodríguez a costa de los trabajadores de Nuevo León.
Extorsión a Matrimar y audio de Baltzar filtrado
La polémica creció luego de que se difundiera un audio fechado el 27 de noviembre. En la grabación se escucha al dirigente estatal de MC hablar con un directivo de Matrimar. La llamada ocurrió tres días después de que la empresa fue suspendida por autoridades estatales.
En el audio, el líder partidista señala que puede “abrir el canal” y servir como intermediario. También menciona la posibilidad de realizar un “pago fuerte” en parcialidades. La empresa sostiene que ese pago se relaciona con la exigencia de 50 millones de pesos en efectivo.
El dirigente reconoció que intervino. Sin embargo, afirmó que solo fungió como intermediario. Aseguró que no tiene injerencia en el Estado, en municipios ni en la Federación. Pese a ello, dijo que la empresa lo buscó por ser originario de Cerralvo.
En un video de un minuto, el legislador explicó que buscó facilitar la comunicación. No profundizó en la acusación de extorsión. Tampoco explicó el contexto del presunto pago millonario. Hasta ahora no ha concedido entrevistas.
🟠 Baltazar Martínez evidenció el esquema ilegal de cobros del gobierno estatal al aceptar que fue intermediario para que Matrimar realizara "pagos fuertes". Vincula a los funcionarios Miguel Flores y Raúl Lozano en la red de moches y clausuras que asfixia al sector privado. 💸 pic.twitter.com/95xP8QT1Nn
— NL Urbano (@NlUrbano) February 20, 2026
Moche que Samuel le pidió a la empresa de 50 millones
La empresa Materiales Triturados Martínez denunció que el gobierno estatal le exigió 50 millones de pesos en efectivo para reactivar operaciones. El gerente, Érick Aguilera, detalló que la presión inició en octubre.
Según su versión, autoridades señalaron un adeudo de entre 160 y 165 millones de pesos por concepto de Impuesto Verde. La empresa presentó documentación para demostrar que no debía esa cantidad. Aun así, afirmó que le pidieron una aportación.
Aguilera señaló que acordaron un pago de 15 millones de pesos como “ajuste de impuestos”. La transferencia se realizó a la Secretaría de Finanzas. La empresa explicó que accedió para evitar clausuras y poder seguir operando.
No obstante, una semana después, la autoridad clausuró la planta. La medida se ejecutó el 24 de noviembre. Después, según la denuncia, surgió la exigencia de 50 millones de pesos en efectivo para permitir la reapertura.
Ante esa petición, la empresa decidió no pagar. El conflicto escaló a tribunales. Matrimar promovió un amparo contra la clausura impuesta en noviembre.
Intermediación reconocida por dirigente de MC
En la llamada filtrada, el dirigente menciona que habló con el Secretario de Medio Ambiente estatal y que podría interceder ante el Secretario General de Gobierno. Esto ocurrió en el contexto de la negociación. El legislador sostuvo que solo abrió el canal de comunicación. Afirmó que intentó que ambas partes se pusieran de acuerdo. Reiteró que no tiene facultades para tomar decisiones administrativas.
Sin embargo, la empresa sostiene que en la conversación se plantea la posibilidad de “alinearse” y cubrir el pago fuerte en parcialidades. Esa expresión generó dudas sobre el papel real del dirigente.
La difusión del audio reavivó críticas contra el gobierno estatal. Otras pedreras ya habían denunciado presiones similares. Incluso señalaron que se les pidió una bolsa conjunta de 450 millones de pesos para obras relacionadas con el Mundial.
Clausuras, amparo y nueva revisión
Tras obtener un amparo, Matrimar reabrió su planta la noche del 10 de febrero. No obstante, horas después recibió una revisión de Protección Civil. En la madrugada del 11 de febrero, las operaciones volvieron a detenerse.
La empresa consideró inusual la inspección. Sostuvo que la reapertura se dio conforme a la resolución judicial. Hasta la noche más reciente, la planta continuaba sin operar.
El caso evidenció una disputa que ya había generado protestas y acciones legales. Varias empresas del sector señalaron acoso administrativo. El conflicto también tensó la relación entre el sector productivo y el Estado.
Extorsión a Matrimar y crisis de confianza
La extorsión a Matrimar ocurre en un contexto de desconfianza empresarial. Las denuncias de clausuras y presiones económicas han impactado la percepción del entorno de negocios en Nuevo León.
La empresa insiste en que no adeudaba el Impuesto Verde. Asegura que entregó pruebas. Aun así, terminó pagando 15 millones de pesos para evitar problemas mayores.
Por su parte, el dirigente de MC mantiene que solo intervino como mediador. No obstante, la revelación del audio dejó abiertas preguntas. La falta de entrevistas y explicaciones amplía la controversia.
El conflicto continúa en tribunales. El desenlace marcará un precedente para la relación entre autoridades y empresas en el estado. La discusión ya superó el ámbito local. En medio de ello, la exigencia principal apunta a mayor claridad y rendición de cuentas.
🟠 Samuel niega su extorsión a la pedrera Matrimar, pese a grabaciones que confirman lo contrario. 🤨 Sus ademanes y respuestas evasivas buscan descalificar amparos legales y certificados de Tesorería Estatal que favorecen a la empresa.
— NL Urbano (@NlUrbano) February 25, 2026
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Revancha administrativa: el castigo por denunciar la extorsión a Matrimar
El gobierno del Estado ha respondido a las acusaciones de corrupción no con transparencia, sino con una ofensiva fiscal que apunta a ser una clara represalia. Apenas dos semanas después de que la empresa Matrimar hiciera pública la exigencia de un moche 50 mdp para poder operar, la Tesorería estatal activó una auditoría de gabinete. Esta maniobra administrativa es percibida como una venganza directa tras revelarse audios que involucran a Baltazar Martínez en la gestión de pagos irregulares.
La contradicción oficial es evidente: en noviembre, el gobierno naranja certificó que la pedrera cumplía con sus obligaciones, pero tras la negativa de la empresa a ceder ante la extorsión a Matrimar, el discurso gubernamental cambió radicalmente. De un día para otro, el Secretario General de Gobierno pasó de validar la situación fiscal de la firma a acusarlos de un adeudo de 500 millones de pesos, una cifra que surge justo cuando el escándalo del “moche” escaló a nivel penal.
Este uso del aparato tributario como herramienta de presión política envía un mensaje intimidatorio al sector empresarial. Mientras Baltazar Martínez se desmarca asegurando que solo fue un “puente” entre las partes, la realidad en Cerralvo es una persecución sistemática. La auditoría por supuesta contaminación ambiental parece ser el último recurso de una administración que, en lugar de investigar el destino del moche 50 mdp solicitado, busca asfixiar económicamente a quien se atrevió a denunciar el abuso de poder.
Escándalo por moche 50 mdp termina con apertura de planta
El conflicto que mantenía paralizada a la empresa Matrimar dio un giro definitivo tras la intervención de un Juez de Control. La autoridad judicial ordenó el retiro de sellos en la planta de Cerralvo, desarticulando así la estrategia de presión que denunció la compañía. Este desenlace ocurre semanas después de que saliera a la luz la presunta extorsión a Matrimar, donde se exigía un pago millonario para permitirles trabajar sin represalias estatales.
El caso tomó relevancia nacional cuando se filtró un audio que vincula directamente a Baltazar Martínez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. En la grabación, el también diputado planteaba un esquema de pagos para “alinear” la situación de la pedrera. Las acusaciones por un moche 50 mdp en parcialidades se convirtieron en la pieza clave de la defensa legal, señalando que las suspensiones de la Secretaría de Medio Ambiente no eran ambientales, sino recaudatorias.
El 25 de febrero, minutos después de las 12:30 horas, la Fiscalía Anticorrupción ejecutó la orden para levantar las lonas de clausura. La rapidez con la que se formaron filas kilométricas de camiones tras la apertura evidenció el daño económico causado por la extorsión a Matrimar. Los transportistas y los 500 empleados de la planta retomaron sus actividades, mientras el nombre de Baltazar Martínez sigue en el centro del debate por el uso de instituciones para fines particulares.
A pesar de que la operatividad se ha restablecido, el proceso penal por el intento de moche 50 mdp sigue vigente en los tribunales. El fallo del juez representa un precedente importante, ya que frena el uso de Protección Civil como brazo ejecutor de presiones políticas. La reapertura de la planta es vista ahora como un triunfo de la legalidad frente a los señalamientos de corrupción de Samuel García y que involucran a la cúpula del partido oficialista en el estado.
Ciudadanos solicitan juicio político contra Baltazar Martínez
La organización Federación Libertad de un Pueblo solicitó formalmente un juicio político contra Baltazar Martínez en Nuevo León ante el Congreso Local. El dirigente de Movimiento Ciudadano enfrenta acusaciones por el delito de extorsión contra la empresa Matrimar. Esta denuncia ciudadana busca que el Poder Legislativo sancione la conducta del diputado tras los graves señalamientos legales en su contra.
Representantes de la sociedad civil entregaron el documento en la Oficialía de Partes para exigir sanciones legales. Los ciudadanos denunciantes vinculan al legislador con actos de extorsión cometidos en perjuicio de una compañía con sede en Cerralvo. Tras la entrega, el expediente será turnado a la Comisión de Anticorrupción para su análisis y validación parlamentaria.
La petición surge tras denuncias públicas que señalan al diputado por presionar ilegalmente a la firma Matrimar. Este conflicto judicial escaló debido a querellas previas interpuestas ante la Fiscalía por la legisladora Armida Serrato. La gravedad del delito fundamenta la urgencia ciudadana por retirar el fuero al dirigente estatal de Movimiento Ciudadano.
La Comisión de Anticorrupción deberá sesionar para dictaminar si existen elementos suficientes para proceder con la destitución. El Congreso del Estado se encuentra bajo el escrutinio público tras recibir esta solicitud formal de sanción. Los denunciantes esperan un proceso transparente y sin sesgos partidistas para garantizar justicia en el caso de extorsión.
Inician juicio político contra diputado por extorsión a Matrimar
El Congreso de Nuevo León admitió formalmente la solicitud de juicio político contra el diputado Baltazar Martínez Ríos. La Comisión Anticorrupción ya tiene en su poder el expediente para iniciar la revisión técnica de las pruebas presentadas por la organización “Federación Libertad de un Pueblo”.
La base de la acusación reside en audios donde presuntamente se solicita un “pago fuerte” de 50 millones de pesos a la pedrera para permitir su operación. Debido a la gravedad de los hechos, el Legislativo turnó el caso de forma inmediata para determinar si existen elementos suficientes que deriven en sanciones administrativas o penales.
De proceder el dictamen, el implicado podría perder su fuero constitucional y enfrentar a la justicia sin protección legal. La próxima semana, los diputados convocarán a una sesión para validar que el proceso cumpla con los requisitos de ley. Este juicio marca un precedente en la fiscalización de los funcionarios públicos en la entidad.
Del impuesto verde a la denuncia de extorsión a Matrimar
La extorsión a Matrimar marcó el inicio de una serie de denuncias que hoy escalan a las cámaras empresariales más importantes del estado. El sector privado señala que, bajo la excusa del cumplimiento ambiental y el Impuesto Verde, autoridades estatales han asfixiado la operación de diversas compañías. Esta situación genera una incertidumbre jurídica que amenaza la estabilidad económica regional.
Tras los incidentes de extorsión a Matrimar, la Canaco Monterrey rompió el silencio ante el gobernador Samuel García. Jaime Herrera, líder del organismo, denunció que los abusos de poder se dispararon un 30% en el último semestre. Los funcionarios utilizan la retención de permisos y la amenaza de clausuras para exigir beneficios personales a los comerciantes.
Los empresarios sostienen que el Impuesto Verde ha sido utilizado como un mecanismo de presión administrativa. La falta de transparencia en la aplicación de sanciones ha llevado al límite la paciencia del sector productivo. Se exige un espacio de interlocución para frenar la extorsión a Matrimar y evitar cierres arbitrarios. Herrera urgió a dar una solución efectiva que proteja las fuentes de empleo ante este acoso institucional.
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