El año pasado el gobierno de Samuel García publicó una convocatoria para el arrendamiento de 600 unidades de camiones chinos. El consorcio al que se le adjudicó dicho contrato, Ego Móvil, estuvo casi dos décadas inoperativo. La asignación directa de este contrato millonario se suma a otras denuncias de triangulación de recursos, involucrando al despacho familiar del gobernador y proveedores estatales.
Adjudicación de Contrato a Consorcio Inoperativo es Sospechoso
El contrato con Ego Móvil, firmado en mayo de 2023, plantea varias interrogantes. El consorcio, que llevaba 19 años de inactividad desde su creación en 2004, reactivó operaciones solo días antes de la convocatoria pública. Modificó su giro social para incluir la importación de transporte y, según la resolución del gobierno, fue la única que pasó la etapa técnica de evaluación, superando a 14 participantes.
Pese a la magnitud del contrato, con un valor de 3,300 millones de pesos y que la licitación señalara la entrega de 600 unidades: 400 con capacidad de 70 pasajeros y 200 para 90, cuya entrega final y total debería ser el 31 de octubre del 2023, el consorcio Ego Móvil solo ha entregado, al día de hoy, el 55% de las unidades. No obstante, de acuerdo la Auditoría Superior del Estado, la empresa ya ha facturado más de 1,312 millones de pesos al Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA).
Ego Móvil Modificó su Giro Días Antes de la Publicación de la Convocatoria
Según el Registro Público de Comercio, Ego Móvil operaba con un giro de electrónica y consultoría en cómputo. Sin embargo, en marzo de 2023, apenas días antes de la convocatoria, cambió su giro para incluir servicios de movilidad y transporte. Este movimiento fue clave para obtener el contrato, a pesar de no contar con experiencia previa en el sector.
La dirección fiscal de la empresa, ubicada en una casa particular en Querétaro, también generó dudas. Durante la adjudicación, se reportó un domicilio en una bodega de García, Nuevo León, sin ninguna razón social visible. Estas inconsistencias incrementan las sospechas sobre la legitimidad del proceso de licitación.
Por otra parte, de acuerdo a copias de declaraciones fiscales de los últimos años el consorcio no tuvo operaciones ni ingresos en un periodo de de cuatro años, del 2019 al 2022; sus primeros ingresos fueron después la asignación de contrato estatal en el 2023: 570.3 millones de pesos en septiembre, 220.9 millones en octubre y 240.7 millones en diciembre del 2023.
Además, el socio Poliuretanos y Plásticos Reforzados, también tiene antecedentes empresariales diversos que no están relacionados con el transporte.
Una Serie de Casos de Irregularidades y Triangulaciones de Recursos Estatales
El caso de Ego Móvil no es el único que ha puesto en tela de juicio la transparencia en el gobierno de Samuel García. Diversos informes revelan un patrón de triangulación de recursos públicos que involucra proveedores estatales y el despacho familiar del gobernador.
De la Oficina del Gobernador a un Proveedor al Despacho Familiar
El despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, del cual Samuel García es accionista, recibió 202 millones de pesos de Proveedor de Productos Mexicanos JACE, una empresa que a su vez facturó al gobierno estatal por contratos de alimentación. Esta triangulación comenzó apenas días después de que García asumiera el cargo, en octubre de 2021.
Además, el periódico Reforma reveló que JACE y su empresa hermana, Suministro MYR, forman parte de un grupo familiar que recibió más de 1,100 millones de pesos en contratos estatales. Estas empresas transferían un porcentaje de sus ingresos al despacho familiar del gobernador, consolidando un modus operandi de desvío de recursos.
DIF de Nuevo León Transfirió 820 Millones de Pesos a Comercializadora Don Cacahuato
Otro caso destacado involucra al DIF Nuevo León, que realizó transferencias por 820 millones de pesos a Comercializadora Don Cacahuato. Esta empresa, vinculada al despacho del gobernador, recibió contratos durante la gestión de Miguel Sánchez, actual dirigente estatal de Movimiento Ciudadano.
Las operaciones incluyen pagos directos a Grupo Cimarrón, propietario de Comercializadora Don Cacahuato, que posteriormente canalizó recursos al despacho de Samuel García. Este esquema refuerza las críticas hacia la administración actual por la falta de transparencia y el uso indebido de recursos públicos
Asignaciones de Contratos Millonarios Acentúan las Crisis en Nuevo León
La asignación del contrato millonario a Ego Móvil y los casos de triangulación de recursos revelan un preocupante patrón de opacidad en la administración estatal. Estos hechos no solo ponen en duda la eficacia en el manejo de los recursos públicos, sino también la integridad del proceso de licitación y adjudicación en Nuevo León.
En un contexto donde la transparencia debería ser prioritaria, estas irregularidades refuerzan las críticas hacia un gobierno que, en lugar de solventar las crisis, como la de movilidad, las acentúa.
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