La Línea 6 del Metro de Nuevo León vuelve a estar en el centro del debate público, ahora por un tema que preocupa a ambientalistas y ciudadanos: la intervención en dos arroyos ubicados en San Nicolás. Mientras el Gobierno estatal sigue sin resolver los problemas relacionados con la Línea 4 y el relleno en el Río Santa Catarina, el proyecto de la nueva línea amenaza con invadir las áreas federales de los arroyos La Talaverna y Conductores.
La empresa Mota-Engil, encargada de la construcción, presentó a la Semarnat la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), donde detalla su intención de ocupar zonas federales para levantar columnas y construir patios y talleres necesarios para el funcionamiento del nuevo tramo del Metro. La propuesta ha despertado una fuerte inquietud entre expertos y organizaciones civiles, que advierten sobre el impacto ecológico y el riesgo de inundaciones en la región.
Arroyos en riesgo ambiental
En su solicitud, Mota-Engil argumenta que la instalación de patios y talleres en el Arroyo Conductores, así como la colocación de columnas en el Arroyo La Talaverna, son esenciales para garantizar la operatividad del sistema de transporte. La empresa explica que estas estructuras permitirán contar con áreas para mantenimiento, almacenamiento y pruebas de los vagones.
El complejo proyectado en el Arroyo Conductores incluiría un edificio administrativo, talleres de mantenimiento mayor y menor, subestaciones eléctricas, vías de pruebas, almacenes especializados y otras áreas técnicas. Según la MIA, la zona actualmente presenta una comunidad arbórea con diversidad moderada-baja, propia de un entorno urbano. Sin embargo, la preocupación radica en que estos espacios naturales cumplen una función vital en la absorción de agua pluvial y la regulación de flujos durante lluvias intensas.
El Arroyo Conductores y el Arroyo La Talaverna se ubican en el sector La Fe y confluyen en Apodaca para desembocar en el Río Pesquería. Intervenir estos cauces no solo altera el equilibrio ambiental, sino que también podría aumentar la vulnerabilidad de las colonias cercanas ante posibles inundaciones.
Sin resolver pendientes en la Línea 4 del metro
Mientras se plantea esta intervención en San Nicolás, el Gobierno estatal sigue sin atender una situación pendiente en la Línea 4, donde se utilizaron rellenos de tierra y escombro en el Río Santa Catarina. Según reportó EL NORTE, la Conagua había ordenado al Estado retirar estos materiales hace un mes, debido al riesgo que representan durante la temporada de lluvias.
Hasta el momento, las autoridades no han fijado una fecha clara para cumplir con el retiro. Esta falta de acción alimenta la desconfianza ciudadana, ya que muchos ven una contradicción en el discurso ambiental del gobierno, que asegura proteger los recursos naturales mientras permite obras que afectan ríos y arroyos clave.
En el caso de la Línea 6, la propuesta de Mota-Engil justifica la construcción argumentando que estos patios y columnas son “componentes críticos” para el correcto funcionamiento del Metro. Sin embargo, la ciudadanía se cuestiona si el beneficio en movilidad justifica el daño ecológico potencial, especialmente en un contexto donde ya se han incumplido otras medidas de mitigación ambiental.
Debate público y preocupación ciudadana sobre Línea 6
La intervención en los arroyos ha encendido nuevamente el debate sobre el equilibrio entre infraestructura y medio ambiente. Expertos y vecinos de San Nicolás señalan que la ocupación de estos espacios naturales puede traer consecuencias irreversibles, como el aumento de inundaciones y la pérdida de hábitats para la flora y fauna local.
Además, la falta de acciones correctivas en el caso del Río Santa Catarina refuerza la percepción de que el gobierno estatal prioriza las grandes obras por encima de la protección ambiental. Este contraste entre el discurso oficial y las decisiones prácticas genera preocupación y alimenta el escepticismo en torno a los proyectos futuros.
Por otra parte, organizaciones civiles han pedido a las autoridades que se realicen estudios más exhaustivos antes de autorizar cualquier construcción en zonas federales, y que se informe de manera transparente a la ciudadanía sobre los impactos reales de estos proyectos.
El tema también ha puesto sobre la mesa la necesidad de actualizar los mecanismos de evaluación de impacto ambiental y reforzar la supervisión para evitar que las obras avancen sin considerar las afectaciones a largo plazo.
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