La revisión de la cuenta pública 2024 volvió a colocar al sistema de transporte en el centro de la discusión. El nuevo informe de la Auditoría Superior del Estado expuso anomalías en Metrorrey por más de 11 mil millones de pesos, una cifra que refleja fallas estructurales en la administración del metro estatal. La falta de documentación, los expedientes incompletos y la ausencia de controles internos alimentan dudas sobre el manejo real de los recursos públicos durante el periodo revisado.
Saldos Millonarios Sin Aclarar En El Metro Estatal
La auditoría mostró que la mayor irregularidad corresponde a gastos sin comprobar. En total, el organismo no aclaró 11 mil 486.6 millones de pesos. Esta cifra se volvió el eje central del informe. La Auditoría determinó que la información entregada por Metrorrey es incompleta, insuficiente o inexistente en varios rubros.
La publicación del reporte se retrasó dos semanas. Cuando finalmente salió a la luz, incluía 90 observaciones sin solventar. De ellas, 75 fueron turnadas para seguimiento ante autoridades investigadoras. Sin embargo, ninguna ha derivado en una denuncia penal. Esta situación genera inquietud entre especialistas que han subrayado la falta de consecuencias en procesos donde se detectan fallas de tal magnitud.
En repetidas ocasiones, el organismo auditor señaló que Metrorrey operó con registros financieros que no cumplen mínimamente con los principios de transparencia. También indicó que el sistema mantiene prácticas administrativas que complican la fiscalización y que dificultan la verificación del destino del dinero.
Irregularidades En Obras Y En Registros De Línea 3
Las anomalías en Metrorrey alcanzan a proyectos específicos. Uno de los más relevantes es la Línea 3. Esta obra acumula un faltante contable de 7 mil 272.6 millones de pesos. El monto está ligado a trabajos que, según el organismo, fueron concluidos; sin embargo, nunca se entregaron documentos que lo comprobaran. Esto impide verificar si efectivamente se terminó la construcción o si hubo retrasos y modificaciones sin registrar.
La auditoría señala que el ente público no presentó evidencia formal de que los conceptos de obra se capitalizaron correctamente en el activo no circulante. Esto significa que no existe claridad sobre si los recursos se aplicaron para obras que incrementen el patrimonio del metro estatal o si se gastaron en partidas que no aportan valor.
Además de la falta de sustento técnico sobre la Línea 3, las observaciones incluyen problemas en los expedientes catastrales. Metrorrey acumuló 2 mil 365.8 millones de pesos sin documentación que valide la valuación de sus bienes. La Auditoría concluyó que los activos del organismo no cuentan con un registro confiable.
Ausencia De Control En Bienes Y Procesos Administrativos
A esta situación se suman mil 32 millones de pesos relacionados con bienes inmuebles sin regularizar. Los expedientes contienen datos incompletos, valores desactualizados o directamente inexistentes. Esto impide conocer el valor real del patrimonio del organismo. También dificulta planear inversiones o evaluar pérdidas.
La Auditoría fue tajante en sus conclusiones: Metrorrey no ha demostrado capacidad técnica ni administrativa para mantener un control adecuado sobre los recursos asignados. El organismo presentó inconsistencias reiteradas en la entrega de documentación. Además, no cumplió con obligaciones legales que permiten verificar la integridad de sus registros.
Estas deficiencias afectan directamente la operación del metro estatal. El funcionamiento de un sistema de transporte masivo requiere de finanzas claras. Sin esto, no es posible asegurar la correcta administración de proyectos, la continuidad de las obras, ni la calidad del servicio a los usuarios. La falta de control interno también abre espacio para errores operativos, decisiones improvisadas o gastos ineficientes del estado.
Instituto De Movilidad Y Otros Entes También Registran Anomalías
Aunque el hallazgo más alto corresponde a las anomalías en Metrorrey, otros organismos estatales también presentaron observaciones significativas en la cuenta pública 2024. El Instituto de Movilidad registró 2 mil 718.4 millones de pesos sin solventar. Gran parte está asociada a una ampliación presupuestal de mil 456.3 millones. Esta fue aprobada sin el aval de la Tesorería ni la ratificación de la Junta de Gobierno.
Además, el Instituto muestra un subejercicio de mil 246.9 millones, sin que exista evidencia documental que compruebe su aplicación. Esta situación plantea dudas sobre la ejecución presupuestal y la capacidad administrativa del ente encargado de estructurar políticas de movilidad en la entidad.
Por otro lado, el Sistema Estatal de Caminos presentó inconsistencias por 548.3 millones de pesos. Fideurb tampoco quedó exento. Se detectaron 72.1 millones de pesos sin aclarar en su ejecución de obras. Aunque los montos son menores comparados con los del metro estatal, el patrón es similar: ausencia de claridad, registros incompletos y falta de transparencia por parte del gobierno naranja.
En conjunto, los hallazgos muestran un panorama complejo. Las observaciones revelan un sistema de administración pública debilitado. Además, evidencian una falta de rigor en la ejecución de programas y proyectos estatales. La revisión de la Auditoría Superior del Estado reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión financiera estatal.
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