El Tribunal Electoral del Estado (TEE) emitió recientemente dos nuevas resoluciones contra el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, tras considerar que incurrió en uso indebido de recursos públicos en dos situaciones específicas. Estas sanciones se suman a un largo historial de observaciones relacionadas con presuntas irregularidades en materia electoral.
El primer caso está vinculado con publicaciones en redes sociales oficiales en las que García lanzó críticas a diputados locales de oposición. De acuerdo con el Tribunal, dichas publicaciones infringieron los principios de imparcialidad y neutralidad que deben respetarse en los procesos electorales. El segundo caso involucra la difusión de encuestas que favorecieron a su esposa, Mariana Rodríguez, quien fue candidata a la alcaldía de Monterrey. Ambas acciones fueron consideradas una violación a las normativas constitucionales que rigen la equidad en las contiendas electorales.
Implicaciones de las observaciones
El Tribunal argumentó que estas conductas superaron los límites establecidos por la ley. En el comunicado oficial, se señaló:
“Se decretó la existencia del uso indebido de recursos públicos, en su vertiente de la vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad, al considerar que el denunciado sobrepasó los parámetros constitucionales que protegen dichos principios mediante la difusión del material objeto del procedimiento.”
Tras esta determinación, se envió la notificación correspondiente al Congreso del Estado de Nuevo León para que determine qué medidas adoptar en función de lo establecido por la ley. Esto implica que el Legislativo estatal deberá valorar las posibles sanciones administrativas y políticas que podrían aplicarse al gobernador.
Historial acumulado de observaciones
Con estas dos nuevas resoluciones, Samuel García acumula un total de 24 sentencias en materia electoral. De ellas, 17 provienen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 7 han sido emitidas por el Tribunal local. Este conjunto de observaciones coloca al mandatario bajo una vigilancia constante por parte de las autoridades electorales.
En la votación más reciente, las resoluciones se aprobaron con dos votos a favor y uno en contra, siendo la magistrada Claudia Patricia de la Garza la única en oponerse. Este escenario muestra divisiones dentro del propio Tribunal, aunque las resoluciones siguen en firme y deben ser atendidas.
Juicios políticos en proceso
Estas sanciones no son las únicas dificultades legales que enfrenta el gobernador. El pasado 11 de febrero, el Congreso local aprobó que la Comisión Anticorrupción iniciara dos juicios políticos contra Samuel García. Los señalamientos incluyen el uso indebido de recursos públicos y la alteración de la equidad en la contienda electoral federal de 2024.
Aunque los juicios políticos no son definitivos, representan un procedimiento formal que podría derivar en sanciones administrativas más severas o, incluso, en medidas políticas que afecten la gobernabilidad del Estado.
Reacción del gobernador
En respuesta a estas acusaciones, Samuel García expresó que las observaciones en su contra forman parte de una persecución política. Según el mandatario, las resoluciones emitidas por el Tribunal no justifican iniciar nuevos procesos en su contra, ya que se trata de casos previamente evaluados por las autoridades correspondientes. García indicó que recurrirá a acciones legales para defenderse y proteger su administración.
Perspectivas para Nuevo León
Las recientes sanciones y los procedimientos en curso reflejan un clima político tenso en Nuevo León. Con un Ejecutivo y un Legislativo frecuentemente enfrentados, las decisiones del Tribunal Electoral añaden presión a una dinámica de gobernabilidad que ya es compleja.
La acumulación de sentencias y las investigaciones abiertas hacen que el panorama para Samuel García sea incierto. Mientras el mandatario insiste en que las acciones en su contra tienen motivos políticos, el Congreso y las autoridades electorales continúan examinando sus decisiones.
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