La relación entre Álvarez Puga y Samuel García ha salido nuevamente a la luz tras la detención del empresario en Miami. En el centro de esta historia se encuentra Lergar, una empresa controlada por la media hermana de Samuel García, señalada en expedientes por operar con empresas fantasmas y recibir transferencias millonarias. La trama, según investigaciones judiciales y reportajes de investigación, entrelaza vínculos familiares, financieros y políticos que cruzan fronteras y apuntan hacia un presunto esquema de facturación simulada.
Lergar, La Empresa Que Vincula A Álvarez Puga Con Samuel García
De acuerdo con un expediente de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Lergar, S.A. de C.V., fue creada en 2013 por Rosario Asenat García Morales, media hermana del gobernador Samuel García. Ella posee el 70% de las acciones de la compañía, mientras que el 30% restante pertenece a Julio Alfonso Lerma Garza. Aunque su objeto social es la consultoría en administración de negocios, sus movimientos financieros han despertado sospechas debido al enorme flujo de dinero registrado en pocos años.
Entre 2014 y 2023, Lergar reportó ingresos por más de mil 317 millones de pesos, con egresos que en algunos años superaron por mucho a sus ganancias. En 2017, por ejemplo, la empresa declaró ingresos por 198 millones de pesos, pero registró egresos por 1,277 millones, una diferencia que no ha sido explicada y que coincide con las prácticas típicas de empresas fantasma utilizadas para dispersar recursos.
A medida que crecía la actividad de Lergar, comenzaron a detectarse transferencias hacia firmas vinculadas a Fernán Pavia Puga, primo de Víctor Manuel Álvarez Puga, el empresario y abogado hoy detenido en Estados Unidos por acusaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal. Esta conexión sugiere que los vínculos entre ambas familias van más allá del parentesco y podrían extenderse al terreno financiero.
La Red De Facturación De Álvarez Puga E Inés Gómez Mont
El caso de Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, ha sido ampliamente documentado por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que los señalan como responsables de crear una red de empresas fantasma para triangular dinero público proveniente de contratos con la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con la FGR, esa red habría desviado más de 2,500 millones de pesos a través de compañías sin operaciones reales, destinadas a justificar servicios inexistentes.
Según las indagatorias de la fiscalía neoleonesa, Lergar se entrelaza con este mismo modelo de facturación. Los registros financieros muestran transferencias hacia empresas vinculadas a Fernán Pavia Puga, considerado operador de la red creada por Álvarez Puga. Así, ambas estructuras comparten rasgos en común: la creación de compañías fachada, el uso de familiares como socios y el movimiento de grandes sumas que difícilmente se justifican con su actividad declarada ante el SAT.
Estas coincidencias fortalecen la hipótesis de que Lergar formaría parte de una red facturera compartida, donde los flujos millonarios servían para disfrazar operaciones, pagar nóminas infladas o justificar egresos simulados. De ser así, las investigaciones apuntarían no solo al empresario detenido, sino también al entorno familiar del gobernador Samuel García.
🔴 Víctor Álvarez Puga, prófugo de la justicia, fue detenido en Miami. Su detención revive la polémica de una red familiar vinculada a Samuel dedicada a la facturación y transferencias millonarias a empresas fantasmas. 💸
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Detención De Álvarez Puga Y La Reaparición Del Caso
La reciente detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en Miami, Florida, reactivó las investigaciones. El empresario, prófugo desde 2021 junto con su esposa, fue recluido en el Krome North Service Processing Center, mientras enfrenta un proceso migratorio. México busca su extradición para que responda por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.
La noticia generó repercusión inmediata en México, pues la red de Álvarez Puga no solo involucra a funcionarios del pasado, sino que también toca a personajes actuales, como Samuel García, cuyo entorno familiar aparece mencionado en reportes financieros locales y federales. A esto se suma que, pese a las órdenes judiciales, Inés Gómez Mont continúa prófuga y es buscada por Interpol en más de 190 países, lo que mantiene vivo el escándalo mediático.
La UIF Y Las Dudas Sobre El Poder Judicial
El caso ha tenido giros inesperados en los últimos meses. En marzo de 2025, las cuentas de Gómez Mont y Álvarez Puga fueron descongeladas tras un amparo otorgado por un tribunal federal. La decisión provocó críticas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuyo titular, Pablo Gómez, acusó al Poder Judicial de actuar con parcialidad y permitir que personas con órdenes de aprehensión sigan utilizando el sistema financiero sin restricciones.
Mientras tanto, la UIF y la Fiscalía de Nuevo León mantienen abierta la investigación sobre Lergar, empresa que, de confirmarse los nexos financieros, podría ser parte del mismo entramado por el que se acusa a Álvarez Puga y sus socios. El vínculo con el político Samuel García complica aún más el panorama, pues de comprobarse el uso de empresas fantasmas, la red no solo habría tenido fines privados, sino también alcances institucionales y presupuestales.
Lo Que Falta Por Aclarar En El Caso Lergar
Hasta ahora, ni Rosario Asenat García Morales ni el gobernador Samuel García han emitido explicaciones claras sobre los montos, contratos o servicios prestados por Lergar. La Fiscalía de Nuevo León y la UIF deben determinar si la empresa operó dentro de los márgenes legales o si, como sugieren los reportes, fue una pieza más dentro de la red de facturación encabezada por Álvarez Puga.
De comprobarse las transferencias hacia compañías de la red, el caso podría convertirse en uno de los escándalos de corrupción y lavado de dinero más significativos en la historia reciente de Nuevo León, afectando tanto el ámbito financiero como la credibilidad política del gobierno estatal.
Por ahora, las investigaciones siguen su curso, pero los hallazgos revelan que la frontera entre los negocios familiares y los recursos públicos en el entorno del gobernador se vuelve cada vez más difusa.
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