El riesgo de que se concrete un nuevo trasvase de agua de Nuevo León a la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, vuelve a encender las alarmas. La razón: los niveles actuales de las presas implicadas cumplen con las condiciones establecidas en el convenio de 1996, el cual, una vez más, pondría en jaque el abasto de agua potable para el área metropolitana de Monterrey.
Aunque el acuerdo fue firmado por el Gobierno federal junto con las administraciones estatales de Nuevo León y Tamaulipas, la preocupación actual es que el Gobierno de Nuevo León, lejos de defender el recurso hídrico de la entidad, ha permitido durante el año múltiples desfogues de El Cuchillo sin transparencia ni consulta a la ciudadanía. A lo largo de 2025, se han extraído ya 260 millones de metros cúbicos, la mayoría con destino hacia el pago de la deuda de México con Estados Unidos, pese a que El Cuchillo no forma parte del Tratado Internacional de Aguas de 1944.
La situación, que parece obedecer más a compromisos políticos que a una gestión responsable del recurso, ha puesto en entredicho la capacidad del Gobierno estatal para proteger el principal embalse que abastece a Monterrey. La posibilidad de que en noviembre se concrete un nuevo trasvase, bajo las cláusulas del convenio intergubernamental, encendería aún más el debate sobre quién realmente decide el destino del agua en el estado.
El Cuchillo supera nivel límite
Actualmente, el embalse de El Cuchillo, ubicado en el municipio de China, Nuevo León, registra 856 millones de metros cúbicos de almacenamiento. Este volumen equivale a un 76.2 por ciento de su capacidad total, y supera ampliamente los 516 millones de metros cúbicos requeridos para autorizar el trasvase hacia Tamaulipas.
El acuerdo original firmado en 1996 exigía únicamente que El Cuchillo tuviera 315 millones de metros cúbicos para permitir el envío de agua hacia el sur. Sin embargo, el convenio contempla una modificación de ese umbral en caso de que se construyera un segundo acueducto, condición que se cumplió recientemente con la puesta en marcha de El Cuchillo II.
A pesar de que esta presa es la principal fuente de agua potable para la zona metropolitana, el Gobierno estatal ha evitado posicionarse con firmeza ante un tema que claramente pone en riesgo la seguridad hídrica de millones de habitantes. Las cifras actuales hacen casi inevitable que el trasvase se autorice si la situación de la presa Marte R. Gómez no mejora antes del 31 de octubre.
Presa Marte R. Gómez cae de nivel
Por su parte, la presa Marte R. Gómez, ubicada en el norte de Tamaulipas, ha visto caer sus niveles de almacenamiento en los últimos días. Después de mantener un llenado superior al 90 por ciento por meses e incluso registrar desbordamientos, hoy cuenta con 678 millones de metros cúbicos, lo que representa el 86.8 por ciento de su capacidad.
Aunque el porcentaje sigue siendo alto, el convenio establece que si la presa cae por debajo de los 700 millones y El Cuchillo se mantiene por arriba de los 516, entonces el trasvase puede proceder. Esto coloca a Nuevo León en una situación desfavorable que, nuevamente, compromete su capacidad de garantizar el abasto doméstico a largo plazo.
El destino principal del agua en Marte R. Gómez es agrícola, lo cual ha generado molestias entre sectores ciudadanos y ambientalistas en Nuevo León, quienes consideran injusto que el agua destinada para el consumo humano se redirija hacia el riego de cultivos en otra entidad.
Agua de Nuevo León va a Texas
Otro aspecto alarmante es que durante el presente año se han extraído 260 millones de metros cúbicos de agua de Nuevo León desde El Cuchillo, sin que la ciudadanía haya sido debidamente informada o consultada. Según reportes oficiales, buena parte de esa agua fue utilizada para abonar a la deuda hídrica que México mantiene con Estados Unidos, conforme al Tratado de Aguas de 1944.
Aunque El Cuchillo no forma parte del sistema hidrológico contemplado en dicho tratado, el Gobierno federal —con aval de la administración de Claudia Sheinbaum— aprobó la Minuta 331, mediante la cual se utiliza la cuenca del Río San Juan, donde se encuentra esta presa, para transferencias internacionales.
Esta decisión fue respaldada por el Gobierno estatal, que ha preferido no cuestionar públicamente las órdenes de la Federación, incluso cuando estas decisiones representan una amenaza directa a la sustentabilidad del recurso hídrico local. Para muchos, esto muestra una total falta de liderazgo y de voluntad política para defender el agua de los regiomontanos.
¿Quieres saber más sobre el tema? Lee el siguiente artículo.
Mientras el Gobierno de Nuevo León permanece en silencio ante la inminencia de un nuevo trasvase, los datos muestran que la agua de Nuevo León sigue siendo tratada como moneda de cambio política. Con decisiones avaladas desde la Federación y ejecutadas sin resistencia local, el estado enfrenta un futuro incierto en materia hídrica.
Sin una postura firme por parte de las autoridades estatales y sin una política clara para proteger el recurso, la población queda en vulnerabilidad frente a un manejo opaco y centralizado. El riesgo de quedarse sin agua no es una posibilidad remota, sino una consecuencia directa de decisiones que se están tomando hoy.
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