El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio marcha atrás al proyecto del viaducto elevado en Morones Prieto, una obra que él mismo impulsó durante al menos dos años como parte de su estrategia de infraestructura metropolitana. Durante una reunión privada de la Comisión Ambiental Metropolitana (CAME), el mandatario sorprendió al deslindarse del proyecto, argumentando que nunca fue una iniciativa del Estado, sino de un actor privado, y citando como principal motivo de su cancelación la posible afectación al tráfico durante el Mundial de 2026.
La postura de García contrasta con sus propias declaraciones y acciones pasadas, en las que no sólo presentó el proyecto como parte de su programa de obra pública, sino que incluso promovió su ejecución como una necesidad vial para el área metropolitana. Ahora, sin embargo, asegura que el proyecto no fue pensado ni planteado por el Gobierno estatal y que lo más probable es que “no vaya”.
Samuel cita impacto vial por Mundial
Durante su intervención en la CAME, Samuel García señaló que una de las principales razones para no continuar con el proyecto del viaducto es el riesgo de congestión vehicular que podría provocar su construcción, especialmente durante el Mundial de fútbol que tendrá lugar en 2026. “Lo que no queremos es que en medio del Mundial esté Morones cerrado. Sería un colapso”, afirmó el mandatario en un video difundido por su administración, ya que la reunión fue de carácter privado.
También dejó abierta la posibilidad de que un futuro gobierno retome la obra, al decir que él no sabe si “el siguiente Gobernador en dos años se vaya a animar o no”. Pese a la magnitud de la infraestructura propuesta, Samuel insistió en que nunca fue un plan oficial del Estado, sino una propuesta ajena a su administración.
Contradicciones con lo dicho en 2023
Las declaraciones actuales del Gobernador difieren ampliamente de lo que él mismo expresó públicamente en 2023. En marzo de ese año, Samuel García presentó el viaducto como parte de una serie de proyectos de inversión ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), donde lo incluyó en su portafolio de obra pública estatal. Además, en octubre de ese mismo año, desestimó las críticas al proyecto y se refirió de forma peyorativa a los activistas que se oponían, llamándolos “loquitos y loquitas”.
Más aún, el 3 de septiembre de 2023 realizó un recorrido en Morones Prieto para presentar oficialmente la llegada de maquinaria que realizaría estudios técnicos y geológicos previos al trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), necesaria para ejecutar la obra.
Estos antecedentes contradicen directamente su nuevo posicionamiento, en el que se desmarca completamente del proyecto y señala que su administración no tuvo participación directa en su formulación.
El trámite de MIA sí fue estatal
Pese a que Samuel García asegura que el viaducto es un proyecto privado, el trámite oficial de la Manifestación de Impacto Ambiental fue presentado por la Red Estatal de Autopistas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que sí implica una acción directa del Gobierno de Nuevo León. Hasta el momento, la Semarnat no ha emitido resolución sobre dicho trámite.
Además, el anuncio del domingo pasado sobre la declaración del Río Santa Catarina como área natural protegida estatal ha sido señalado como parte del viraje en la narrativa del Ejecutivo estatal. Aunque dicho acuerdo prohíbe construcciones en el cauce, colectivos ciudadanos han cuestionado la validez legal de la declaración, señalando que no cumple con los requisitos técnicos ni jurídicos para tener efecto vinculante.
La coincidencia entre ambos anuncios —la cancelación del viaducto y la protección del río— ha sido interpretada por analistas como una estrategia política para distanciarse de un proyecto impopular y al mismo tiempo capitalizar la narrativa ambiental en un momento de creciente presión ciudadana.
La cancelación del viaducto en Morones Prieto marca un giro en el discurso del Gobierno estatal sobre la infraestructura metropolitana. Las contradicciones entre lo anunciado en 2023 y lo dicho recientemente por Samuel García plantean interrogantes sobre la planeación y transparencia en proyectos de alto impacto.
Este episodio también reabre el debate sobre la responsabilidad estatal en la protección del Río Santa Catarina y la coherencia entre los discursos ambientales y las decisiones de obra pública.
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