El incremento en las tarifas de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), que ha elevado los recibos domésticos hasta un 70% entre marzo de 2022 y mayo de 2025, fue aprobado sin el respaldo de la mayoría del Consejo de Administración del organismo. El ajuste fue impuesto gracias al voto de calidad del Gobernador Samuel García, quien utilizó esa facultad tras un empate entre los consejeros.
De acuerdo con actas oficiales, cuatro representantes clave del sector privado y del Congreso local se abstuvieron de votar al no contar con suficiente información para tomar una decisión. Aun así, el alza entró en vigor y, sumada a nuevas cuotas como la de saneamiento, ha provocado un aumento sostenido en el costo del servicio para las familias en Nuevo León.
Consejeros pidieron más tiempo, pero no se les dio
En la sesión celebrada el 7 de marzo de 2022, los representantes de Caintra, Canaco de Monterrey, la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces (Caprobi) y el Congreso del Estado solicitaron más tiempo para revisar la información técnica del ajuste propuesto. Sin embargo, el Ejecutivo estatal decidió proceder con la votación.
Ante la falta de respuesta a su solicitud, los cuatro representantes optaron por abstenerse, lo que derivó en un empate con los otros cuatro votos a favor emitidos por el Gobernador, su secretario de Movilidad Hernán Villarreal, el representante de los municipios Patricio Kalife y el delegado de los usuarios Genaro Leal.
El voto de calidad del Gobernador definió el resultado final y permitió la aplicación del aumento, que ha tenido repercusiones económicas directas para miles de hogares.
Una decisión tomada con premura
En el acta de la sesión, Samuel García justificó la urgencia del acuerdo argumentando que debía presentar una propuesta concreta durante una próxima reunión con el Presidente de la República sobre el tema hídrico. Según sus palabras, la crisis por la sequía y la necesidad de respuestas inmediatas justificaban el apresuramiento.
El Diputado Javier Caballero, presente en la sesión, reprochó que la información no fue entregada con los tres días de anticipación previamente acordados, lo cual le impidió consultar al Congreso, órgano al que representa. Este hecho, afirmó, lo orilló a abstenerse, ya que no podía tomar una decisión a título personal sin consultar a los 42 legisladores del Congreso estatal.
Cuota de saneamiento, también polémica
A la par del incremento en las tarifas regulares, el Consejo aprobó también una nueva tarifa de saneamiento, equivalente al 12.5% del consumo de agua, con siete votos a favor. Esta cuota fue defendida por AyD como indispensable para mantener los procesos de tratamiento de aguas residuales, aunque también se aplicó en un contexto de cuestionamientos sobre la falta de planeación y consulta.
Caballero fue el único que votó en contra de este cobro adicional. El resto de los consejeros lo avaló bajo el argumento de que era una medida necesaria para la operación del sistema.
Impacto directo en los hogares
A lo largo de los últimos tres años, la combinación del aumento tarifario, las actualizaciones mensuales previstas por ley y la cuota de saneamiento han generado un alza acumulada de hasta 70% en los recibos domésticos. Diversos sectores de la sociedad han manifestado su inconformidad, señalando que el impacto ha sido especialmente severo en las familias de ingresos medios y bajos.
Aunque el Gobierno del Estado ha insistido en que las medidas eran urgentes debido a la crisis hídrica que enfrenta la región, críticos del ajuste han cuestionado el proceso con el que se aprobó: sin mayoría clara, con abstenciones relevantes y sin brindar a los consejeros el tiempo suficiente para evaluar los efectos del alza. Si quieres conocer más sobre el tema lee este artículo: Aumentos en recibos de agua son “cobros correctos”, asegura AyD
