Representantes de Morena acudieron ante la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia formal en contra de Samuel García, acusándolo de presuntas triangulaciones financieras tras detectar manejos anómalos en el presupuesto público.
Este recurso legal involucra directamente a Mariana Rodríguez Cantú y a diversos funcionarios de la administración estatal en señalamientos frontales contra el gobierno de Nuevo León por una supuesta desviación que supera los 1,400 millones de pesos, buscando que las autoridades federales investiguen a fondo y sancionen los esquemas de dispersión de recursos detectados.
Presentan denuncia contra el gobierno estatal por desvíos millonarios
La dirigencia partidista acudió formalmente ante las instancias investigadoras para denunciar el mal uso de recursos públicos por un monto que supera con creces los 1,400 millones de pesos en diversos ejercicios fiscales, promoviendo esta acción legal de manera simultánea en el fuero local y ante las autoridades federales al asegurar que cuentan con pruebas contundentes sobre operaciones simuladas dentro del aparato de gobierno, por lo que entregaron a la Fiscalía General de la República la documentación que sustenta los desfalcos expuestos y exigieron castigos ejemplares para todos los presuntos responsables de estos quebrantos.
Denuncian a Samuel García por triangulación y señalan a su círculo familiar
Las acusaciones alcanzan directamente al titular del Ejecutivo estatal y a colaboradores cercanos a su administración, mencionando además de manera explícita en los expedientes a Mariana Rodríguez Cantú por su presunto involucramiento junto con diversos integrantes del gabinete estatal señalados como facilitadores de estas maniobras presupuestales, ya que el partido promovente sostiene que el mandatario articuló beneficios indebidos para su círculo personal, una situación que llevó a diputados locales a expresar su profunda preocupación ante la gravedad de los señalamientos e insistir en que nadie debe quedar por encima de las leyes vigentes.
Triangulación mediante esquemas de intermediarios
El mecanismo denunciado operaba presuntamente mediante transferencias dirigidas hacia despachos y empresas que funcionaban como puentes, facturando cantidades millonarias bajo el argumento de prestar servicios profesionales especializados, mientras que, de acuerdo con los testimonios recabados, varias firmas ligadas a parientes recibían recursos de contratistas beneficiados en una triangulación que permitía ocultar el destino final del capital sustraído del erario de la entidad, motivo por el cual se presume una violación flagrante a las disposiciones administrativas y fiscales del país que llevó a diversos sectores del Congreso a demandar que se aclaren de inmediato los pagos emitidos a dichas razones sociales.
Integran acusaciones al expediente federal por delincuencia organizada
Los nuevos indicios aportados se sumaron a las indagatorias previas que ya integraba la autoridad investigadora, por lo que la Fiscalía General de la República analiza estos elementos dentro de causas penales por lavado de dinero, mientras peritos federales cotejan la información bancaria para corroborar la comisión de delitos graves como peculado, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, un panorama bajo el cual un juez federal valorará si concede las órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público, lo que derivaría eventualmente en un proceso de desafuero en el ámbito legislativo.
Crece la exigencia de revisiones externas
La revelación de estos presuntos desvíos provocó una profunda inconformidad entre la ciudadanía de la entidad norteña, donde diversas organizaciones civiles y colectivos exigen auditorías forenses externas a todo el presupuesto estatal ejercido para que peritos contables independientes revisen cada uno de los contratos entregados por el mandatario, recalcando en el reclamo popular que los recursos de los impuestos no deben terminar en bolsillos privados, por lo que la presión social sigue en aumento mientras el gobernador intenta restar peso al impacto de las investigaciones y los frentes ciudadanos advierten que continuarán exigiendo castigo conforme avancen las diligencias correspondientes en los juzgados federales.
Bajo la lupa de la ASF: la pinza federal que asfixia al gobierno naranja
Mientras el gobierno estatal insiste en vender una narrativa de modernidad en redes sociales, la realidad administrativa de Nuevo León vuelve a quedar expuesta por malos manejos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha intensificado las revisiones sobre las triangulaciones financieras atribuidas a la administración del gobernador Samuel García. Sin embargo, más allá de la técnica contable, este movimiento exhibe tanto la vulnerabilidad de las finanzas locales como la injerencia directa del Ejecutivo federal.
Lejos de una fiscalización técnica e imparcial, la ofensiva contra la cúpula naranja responde a una línea trazada desde Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum. La designación y actuar del auditor superior para el periodo 2026-2034, Aureliano Hernández Palacios Cardel, confirman la subordinación del órgano: el funcionario es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, histórico colaborador y secretario particular de Sheinbaum en la Ciudad de México y su demarcación en Tlalpan. La dinámica repite el modus operandi presidencial de dictar públicamente qué organismos auditar.
En Nuevo León, el costo de estos choques de poder lo paga la ciudadanía. Entre promesas de infraestructura que no llegan a tiempo, fallas crónicas en el transporte público y crisis de servicios básicos, el gobierno naranja suma a su catálogo de pendientes un cerco institucional por desvíos millonarios. El discurso de “nueva política” palidece ante un esquema de transferencias opacas que hoy coloca al estado en el centro de un conflicto político orquestado desde el centro del país.
Destapan megatriangulación de más de 7,200 millones en el gobierno de Samuel García
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) destapó una presunta red de corrupción y saqueo que golpea directamente el corazón de la administración de Samuel García, al detectar la escandalosa triangulación de más de 7,200 millones de pesos del erario público. Según las investigaciones, el gobierno de Nuevo León habría utilizado contratos millonarios y empresas fantasma o intermediarias como fachada para desviar dinero de los ciudadanos y reinyectarlo en cuentas y despachos privados ligados al propio gobernador. La bomba política y financiera ya desató denuncias penales por fraude, lavado de dinero y peculado, poniendo en jaque total a la administración emecista ante el reclamo de un desfalco histórico.
Preguntas Frecuentes
¿Por qué motivos denunciaron al gobernador ante la autoridad federal?
Por presuntas maniobras de lavado de dinero, triangulación de recursos estatales y enriquecimiento ilícito.
¿Qué funcionarios y personas del entorno aparecen en la acusación?
Samuel García, Mariana Rodríguez Cantú y varios miembros destacados del gabinete de la administración estatal.
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