El estado industrial por excelencia enfrenta hoy una doble crisis que golpea implacablemente a sus ciudadanos y al sector del transporte de carga: la movilidad se ha convertido en un auténtico lujo y, paradójicamente, en un riesgo latente para la vida. Recorrer el asfalto regiomontano y sus conexiones metropolitanas implica, en la actualidad, un fuerte desembolso económico que no garantiza llegar a salvo al destino. Un análisis profundo de las tarifas y los siniestros viales revela que transitar por las autopistas de Samuel García representa un desafío mayúsculo donde la alta siniestralidad choca de frente con cuotas que asfixian la competitividad logística y la economía familiar de los neoleoneses.
Para los transportistas y automovilistas regulares, la ecuación resulta incomprensible. Se ven obligados a pagar tarifas exorbitantes que superan por mucho los promedios nacionales, bajo la promesa de transitar por vías rápidas, modernas y seguras. Sin embargo, la estadística oficial dictamina todo lo contrario. Lejos de ofrecer un trayecto pacífico, las vías de cuota del estado exponen a sus usuarios a condiciones de alta vulnerabilidad. El cobro excesivo no se ha traducido en un blindaje contra las tragedias viales; de hecho, la entidad se posiciona tristemente en los primeros lugares de accidentes de tránsito a nivel federal, lo que evidencia que la recaudación no está alineada con la protección ciudadana ni con el mantenimiento óptimo de las infraestructuras de alta velocidad.
La cruda realidad de las carreteras peligrosas de Nuevo León
Los datos más recientes publicados en el informe anual del 2024 de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) han encendido las alertas en el norte del país. Según este documento federal, el estado se ha incrustado de manera alarmante en el nada presumible top 10 de siniestralidad nacional, contabilizando un total de 519 hechos de tránsito únicamente en vías de jurisdicción federal. Esta abultada cifra confirma el estado crítico en el que se encuentra la red vial, desmintiendo cualquier narrativa de mejora en la infraestructura.
Uno de los ejemplos más claros y dolorosos de esta problemática es el Anillo Periférico. A pesar de ser una arteria de cuota que impone cobros de hasta un 400 por ciento más para ciertos camiones de carga pesada en comparación con rutas similares en otras latitudes del país, sus niveles de seguridad son deplorables. La dependencia federal lo ubicó en el cuarto escalón en cuanto a percances mortales, registrando un total de 7 fallecimientos a lo largo de sus tramos estatales durante el periodo evaluado. Curiosamente, esta lamentable cifra empató con los decesos contabilizados en los tramos de la Carretera Nacional que corresponden a la entidad.
El rechazo a pagar estas cuotas desproporcionadas ha generado un efecto dominó desastroso para la movilidad urbana. Al ser impagable para muchos, el Anillo Periférico luce frecuentemente desairado por flotillas enteras de transporte y conductores particulares. La gran mayoría de estos usuarios prefiere desviar su ruta hacia el Libramiento Noroeste. Como consecuencia directa, esta arteria de libre tránsito soporta diariamente un volumen vehicular hasta cinco veces mayor que su contraparte de peaje. Este congestionamiento kilométrico no solo colapsa los tiempos de traslado del “nearshoring” y la industria local, sino que multiplica las probabilidades de colisiones graves, registrando 36 percances formales en un año y disparando la cifra de muertes a 13 personas que perdieron la vida tratando de esquivar casetas impagables.
El alarmante registro de accidentes fatales en autopistas y tramos libres
El mapa de riesgo en la entidad no se limita únicamente a la zona periférica metropolitana. Las estadísticas de la SICT pintan un panorama sombrío al analizar las salidas hacia las fronteras y otras rutas clave de conexión nacional. El primer lugar en tragedias viales se lo llevó la Carretera libre a Nuevo Laredo. Esta ruta, vital para el comercio internacional entre México y Estados Unidos, se tiñó de sangre al registrar la devastadora cantidad de 21 personas fallecidas en un solo año. El desgaste del asfalto, la saturación de camiones articulados y la falta de vigilancia adecuada configuran una trampa mortal para quienes se ven obligados a utilizarla día tras día.
Por su parte, la ruta hacia el sur no ofrece mejores garantías. La Carretera a Matehuala documentó 14 víctimas mortales, consolidando la percepción de que salir o entrar a la metrópoli regiomontana es una actividad de alto riesgo. Estos números crudos no son meros datos estadísticos; representan familias destrozadas y un sistema de transporte colapsado por la ineficiencia. En cuanto a las personas que sobrevivieron pero resultaron heridas, el informe detalló que el Libramiento Noroeste acumuló 14 lesionados, ocupando la sexta posición en este trágico rubro, mientras que el Periférico de cuota se ubicó apenas un peldaño abajo, en el séptimo lugar, con 10 personas lesionadas de gravedad.
Todo este recuento de daños ocurre en un ecosistema donde los usuarios están sometidos a pagar los peajes más caros de México. Rutas controladas directamente por el gobierno estatal, como la Autopista al Aeropuerto —que actualmente mantiene un esquema de libre tránsito temporal derivado del caos provocado por las inconclusas obras de la Línea 6 del Metro— y la vía Monterrey-Cadereyta, son famosas a nivel nacional por exprimir el bolsillo de los conductores por cada kilómetro recorrido. A nivel federal, las salidas de cuota hacia Nuevo Laredo y Reynosa también castigan severamente a la economía del viajero, aunque, de manera insólita, sus cobros no logran superar a las exorbitantes tarifas que maneja la administración local de Nuevo León.
¿Por qué gran parte de la ciudadanía siente que la administración de Samuel García empeoró Nuevo León en movilidad?
La respuesta a esta creciente inconformidad ciudadana radica en la desconexión total entre el discurso oficial y la realidad que se vive frente al volante. Las autoridades presumen modernidad y grandes inversiones, pero los transportistas y conductores ordinarios enfrentan vías saturadas, costosas y manchadas de fatalidad. El alto costo de las casetas administradas por el estado obliga a las empresas logísticas a trazar rutas alternativas por avenidas gratuitas que no fueron diseñadas para soportar tal tonelaje, destrozando el pavimento urbano y exponiendo a los peatones y automovilistas citadinos a colisiones con tráileres sin frenos o con exceso de dimensiones.
Cuando se evalúa el costo-beneficio de utilizar las autopistas de Samuel García, el saldo es completamente negativo. No tiene justificación financiera ni ética cobrar tarifas que rebasan por cientos de puntos porcentuales el promedio nacional, cuando dichos ingresos no se reflejan en la reducción de víctimas ni en la mejora sustancial de las medidas de prevención de incidentes. La infraestructura de cobro en el estado parece haber sido diseñada exclusivamente bajo una lógica recaudatoria, olvidando que el propósito fundamental de una autopista concesionada o estatal es brindar un viaje expedito y, sobre todo, salvaguardar la integridad de quienes depositan su dinero y su confianza al cruzar la pluma de la caseta.
El luto y las pérdidas millonarias que se acumulan por las víctimas en carreteras de NL deberían obligar a un replanteamiento urgente de la política de movilidad. Las cifras del 2024 entregadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes no son un simple registro administrativo, sino una radiografía del fracaso en la gestión carretera. Mientras el Anillo Periférico siga siendo un lujo inalcanzable para la mayoría, el Libramiento Noroeste seguirá sumando cruces a las orillas del camino.
Finalmente, la situación actual exige que se transparenten los recursos obtenidos a través de estas vías y se exija una auditoría sobre las condiciones de seguridad en cada tramo. La población y el sector industrial de la capital de Nuevo León no pueden seguir subsidiando ineficiencias mediante cobros abusivos. Transitar por las autopistas de Samuel García no debería ser sinónimo de jugar a la ruleta rusa con la economía de una empresa de transportes, ni mucho menos apostar la vida en un trayecto que, por su precio premium, debería ser el más seguro de toda la República Mexicana.
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