La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León ha decidido cerrar al menos cuatro investigaciones adicionales relacionadas con el gobernador Samuel García Sepúlveda, sumándose a las ya desechadas previamente por la Fiscalía General del Estado. Los casos, que involucraban desde contratos millonarios a empresas ligadas a su familia hasta el presunto uso de recursos públicos para favorecer políticamente a Movimiento Ciudadano, fueron concluidos bajo el argumento de falta de pruebas suficientes para proceder penalmente.
Esta nueva oleada de carpetazos ha provocado fuerte indignación entre diversos sectores sociales y políticos, quienes acusan que se está consolidando un pacto de impunidad que permite al Ejecutivo estatal eludir la rendición de cuentas, a pesar de las serias acusaciones documentadas en reportajes e incluso en denuncias formales ante el Ministerio Público. Con ello, crece la percepción de que la justicia en Nuevo León actúa con sesgo cuando se trata de investigar a quienes ostentan el poder.
Casos millonarios, sin castigo
Uno de los expedientes cerrados por la Fiscalía Anticorrupción involucra el pago de al menos 140 millones de pesos a la empresa ECM Soluciones Fiscales, cuya cercanía con el entorno familiar del gobernador ha sido ampliamente documentada. Esta firma comparte domicilio con el despacho jurídico de García y su padre, lo que levantó serias sospechas de conflicto de interés.
A pesar de estos indicios, el Ministerio Público concluyó que la coincidencia de domicilio y la participación de un funcionario estatal que fue empleado del mismo despacho no constituyen pruebas suficientes para acreditar un delito. Cabe recordar que una investigación periodística reveló que Miguel Ángel Rojas Galván, actual director jurídico tributario del Gobierno estatal, adjudicó los contratos a ECM tras haber trabajado para el despacho del mandatario.
Este señalamiento fue respaldado por legisladores de oposición, quienes agregaron que, además de esos 140 millones, podrían existir pagos adicionales por al menos 222 millones de pesos provenientes de organismos como Agua y Drenaje y la Tesorería estatal, lo que elevaría el monto total a cerca de 360 millones de pesos en contratos otorgados sin aparente justificación.
SAMUEL GARCIA, UN CINISMO SIN LÍMITES !!!
— LA VERDAD EN NUEVO LEON (@laverdadennl) December 19, 2024
Para esto quiere “MÁS PRESUPUESTO” ???
INHABILITACIÓN Y CÁRCEL PARA SAMUEL GARCÍA !!!
Que más pruebas NECESITA EL CONGRESO DE NUEVO LEÓN ???#laverdadennuevoleon#NuevoNuevoLeon#Mitomano#SamuelGarcia#MovimientoCiudadano pic.twitter.com/knd8SEAFcx
Cybertruck y favores políticos
Otro caso cerrado por la Fiscalía Anticorrupción tiene que ver con la utilización de una camioneta Cybertruck por parte del Gobernador durante eventos públicos en época electoral. Aunque Samuel García aseguró que el vehículo era suyo, las indagatorias concluyeron que en realidad pertenecía a un particular residente en Estados Unidos, por lo que no se configuró delito alguno.
Este hecho fue inicialmente denunciado ante la posibilidad de que se tratara de un gasto no reportado en campaña o de un uso de bienes privados con fines propagandísticos, pero la investigación se archivó sin determinar irregularidad alguna.
Los otros dos casos que también fueron cerrados sin consecuencias legales se relacionan con presuntos sobornos a diputados locales para que se integraran a la bancada de Movimiento Ciudadano, así como el reparto de recursos públicos a alcaldes que decidieron cambiar de partido para alinearse con el oficialismo estatal.
En ambos expedientes, a pesar de que existían testimonios y acusaciones formales, la Fiscalía argumentó que no se reunieron los elementos suficientes para continuar con la indagatoria, y determinó archivar los casos.
Más carpetazos en otras fiscalías
A estas resoluciones hay que sumar otras cuatro carpetas que fueron cerradas por la Fiscalía General del Estado, encabezada por Javier Flores, quien también se ha negado a emitir declaraciones públicas sobre estas decisiones.
Entre los asuntos previamente eliminados de la agenda judicial están dos de los más significativos en términos económicos: la adquisición de un terreno de 18 hectáreas en San Pedro, valuado en más de 700 millones de pesos, y la compra de un rancho de 700 hectáreas en Linares, al sur del estado. Ambos bienes han sido asociados al gobernador a través de triangulaciones financieras, algunas de ellas vinculadas a proveedores estatales y a su despacho jurídico.
Una de estas triangulaciones fue revelada en reportajes de investigación que señalan que cientos de millones de pesos provenientes de empresas proveedoras del gobierno estatal fueron canalizados hacia Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho en el que participan Samuel García y su padre. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la carpeta fue archivada sin seguimiento penal.
Además, se encuentra una carpeta adicional relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita, que según las fuentes judiciales no ha sido divulgada públicamente y que también fue cancelada por la Fiscalía sin mayores explicaciones.
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