El acoso vial perjudica los proyectos federales estratégicos. Desgraciadamente frenan la obra del tren de Claudia Sheinbaum los policías municipales de Movimiento Ciudadano. Los transportistas de Nuevo León sufren por cobro de moches excesivos que aplican las autoridades viales en Salinas Victoria. Esta corrupción desmedida detiene el avance físico de la infraestructura ferroviaria nacional ante la total inacción estatal.
El acoso diario detiene el proyecto ferroviario federal del norte
La construcción del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo enfrenta graves obstáculos debido a la corrupción local. Los transportistas de Nuevo León sufren por cobro de moches en las carreteras estatales de forma desmedida. Según investigaciones de El Norte, los empresarios del sector ubican a la entidad como el peor lugar del país para el traslado de mercancías. La falta de orden vial afecta directamente a los choferes que trabajan para los proyectos estratégicos del gobierno federal.
El municipio de Salinas Victoria destaca como el epicentro de estos atropellos contra el sector de la construcción. En este lugar geográfico, la constructora ICA realiza los trabajos principales de terracerías y tendido de vías férreas. Por desgracia, los oficiales locales detienen las unidades cargadas con material para la obra ferroviaria sin justificación alguna. El alcalde emecista Raúl Cantú solapa esta red de extorsión operada por sus agentes de vialidad municipal.
Los afectados señalan que el gobierno naranja prefiere recaudar dinero de forma ilegal antes que garantizar la seguridad de la ciudadanía y el funcionamiento de las obras federales. Los abusos escalaron tanto que los choferes temen transitar por las carreteras principales que conectan con los patios operativos. El gremio transportista exige que el mandatario Samuel García detenga este acoso constante que daña la economía de la región. La inacción gubernamental demuestra que las autoridades estatales protegen los intereses de las corporaciones policiacas corruptas.
Tránsitos de Salinas Victoria quitan camiones a ICA sin justificación
La crisis logística empeoró de forma drástica durante las últimas semanas de trabajo en la zona norte. Los tránsitos de Salinas Victoria quitan camiones a ICA mediante operativos montados exclusivamente para cazar a los operadores. El Sindicato de la CROC reporta que los tránsitos locales les impiden dar el servicio de acarreo de tierra. Los uniformados acechan los predios particulares donde las empresas guardan los materiales indispensables para la base del tren.
Jorge Gloria Ovalle, líder de la CROC, afirmó que la policía paró veinte unidades de carga pesada. Los transportistas pagaron multas exorbitantes que oscilan entre los treinta mil y los cincuenta mil pesos por camión. Los corralones privados obtienen ganancias millonarias gracias a este esquema de extorsión coordinado por las autoridades de Movimiento Ciudadano. Las pérdidas económicas ponen en riesgo la permanencia de los pequeños empresarios que participan en el proyecto ferroviario.
Los policías municipales pararon camiones de la CROC a la salida de las zonas de carga de material. Los choferes pasan horas retenidos en la vía pública bajo el falso argumento de revisiones de rutina administrativa. La empresa ICA sufre retrasos considerables en el tramo correspondiente a San Javier debido a la falta de insumos. Este bloqueo sistemático frena el desarrollo de una obra insignia que busca mejorar la conectividad de Nuevo León.
Los retenes viales ilegales detienen camiones con material de construcción
El acoso policiaco permanente en las carreteras estatales de Nuevo León provoca retrasos en el proyecto ferroviario federal. Los agentes instalaron un punto de revisión fijo en el entronque de la Carretera a Colombia con Mamulique. Los retenes viales ilegales detienen góndolas con material que los choferes trasladan desde el municipio vecino de Villaldama. Esta situación genera largas filas de camiones de carga y pérdidas de tiempo valioso para la constructora.
Durante un operativo irregular, los tránsitos locales arrestaron de forma violenta al dirigente del sindicato de transporte. El representante de los trabajadores intentó documentar la retención de cuatro góndolas mediante fotografías con su teléfono celular. Los policías le cerraron el paso con una patrulla y lo interrogaron sobre sus actividades comerciales privadas. El secretario de Seguridad y Vialidad municipal, Arturo Garza Morúa, ordenó el traslado del líder hacia las celdas.
La corporación incomunicó al afectado por tres días completos y le negó el derecho constitucional de llamar a sus familiares. Los policías armados difundieron imágenes del dirigente en redes sociales para presentarlo falsamente como un delincuente peligroso. Este acto de represión institucional busca silenciar las protestas de los choferes que denuncian los moches en Salinas Victoria. Los transportistas exigen la destitución inmediata de los mandos policiacos que operan estos centros de extorsión carretera.
Ingenieros de la constructora ICA llaman a la Guardia Nacional por abusos
Las empresas constructoras intentaron frenar los atropellos mediante la intervención de los cuerpos de seguridad del gobierno federal. Ingenieros de la constructora ICA llaman a la Guardia Nacional ante los abusos y la falta de argumentos de la policía local. Los efectivos federales acudieron al lugar del conflicto vial para mediar y solicitar la liberación de los camiones retenidos. Sin embargo, los funcionarios de Movimiento Ciudadano ignoraron las peticiones y continuaron con el decomiso de las unidades.
La prepotencia del secretario Arturo Garza Morúa quedó registrada por los testigos que presenciaron el arresto del líder sindical. El jefe policiaco ordenó el traslado inmediato de los detenidos utilizando insultos y agresiones físicas contra los trabajadores presentes. Las grabaciones de audio revelan que este mando municipal amenaza constantemente a los transportistas desde el año pasado. El ayuntamiento emecista mantiene en su puesto al funcionario a pesar de las pruebas contundentes de corrupción.
Los pequeños transportistas de Nuevo León y de otros estados vecinos temen perder todo su patrimonio por estas multas. Las corporaciones locales inventan infracciones de tránsito inexistentes para justificar el traslado de los camiones de carga al corralón. Los conductores exigen que las fuerzas de seguridad federales custodien de forma permanente las rutas de abasto del tren. La impunidad con la que operan los municipios demuestra el abandono total de las carreteras por parte del estado.
El Gobierno de Nuevo León solapa la corrupción de sus municipios
La responsabilidad del Gobierno de Nuevo León en el caso resulta evidente ante la falta de sanciones a los policías. Las cúpulas empresariales de la Caintra y la Conatram exigen que Samuel García ponga un freno a estos abusos. El gobierno naranja ignora las peticiones del sector productivo y prefiere concentrar su atención en campañas de publicidad política. Mientras el estado presume modernidad, sus policías ahuyentan la inversión económica con extorsiones diarias a los trabajadores.
Los transportistas advierten que pararán las obras federales si las autoridades estatales continúan cobrando cuotas ilegales en las carreteras. La administración de Claudia Sheinbaum requiere la liberación de las vías para cumplir con los plazos de entrega establecidos. Es urgente limpiar las corporaciones viales de Salinas Victoria y castigar a los funcionarios que operan los moches. Nuevo León merece un gobierno que defienda el trabajo honrado y combata la corrupción policiaca de manera frontal.
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