La Fiscalía General de la República (FGR) investiga mil 781 millones de los despachos de Samuel García por presuntos vínculos con el huachicol fiscal. Las indagatorias federales colocan bajo el escrutinio público a la administración de Nuevo León. Diversas empresas con antecedentes de contrabando de combustible realizaron transferencias millonarias a las firmas legales de la familia del mandatario estatal.
FGR investiga mil 781 millones de los despachos de Samuel García
El crecimiento financiero de los negocios de la familia del gobernador Samuel García Sepúlveda despierta serias alarmas en el ámbito nacional. Los asesores fiscales Samuel García Mascorro y Samuel Orlando García Villarreal, padre y hermano del mandatario, explotan un lucrativo esquema de devolución del IVA a gasolineras. Esta actividad generó ganancias exorbitantes mediante su firma original y derivó en la creación de nuevas razones sociales.
El éxito comercial de estas oficinas jurídicas coincide de forma exacta con el inicio de la actual administración gubernamental en Nuevo León. La constitución de la firma GMA Firma Jurídica Fiscal en noviembre de 2021 sirvió para canalizar exclusivamente a los clientes del sector energético. A partir de esa fecha, los flujos de dinero hacia las cuentas familiares mostraron una aceleración que las autoridades federales consideran inusual.
El gobierno naranja enfrenta hoy una de las crisis de credibilidad más profundas de su gestión debido a estos hallazgos. Los ciudadanos de Nuevo León observan cómo los discursos de modernidad y transparencia chocan de frente con las carpetas de investigación. El descontento social crece ante la falta de aclaraciones contundentes por parte de los funcionarios estatales involucrados en el caso.
El auge millonario del despacho y las asesorías fiscales a gasolineras
Los despachos de la familia del gobernador acumularon un patrimonio impresionante en un periodo muy corto. La red de firmas fiscales, que incluye a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, reporta ingresos totales por 1,781 millones de pesos. La división energética GMA representa el 26 por ciento de estos recursos financieros mediante operaciones realizadas durante el actual sexenio estatal.
Las declaraciones fiscales de la firma GMA detallan ingresos nominales por 144 millones de pesos en el año 2024. Esta cifra ascendió a 161 millones de pesos durante el ejercicio fiscal del año 2025. El volumen de dinero manejado en el piso 33 de la Torre Helicon, en San Pedro Garza García, levanta sospechas sobre el origen real de los fondos.
La opinión pública califica este escenario como una burla para los contribuyentes que cumplen diariamente con sus obligaciones legales. Resulta indignante que el despacho del propio gobernador obtenga beneficios económicos tan altos mientras la entidad sufre problemas graves de seguridad. La riqueza acumulada por la familia realimenta las críticas sobre un posible uso del poder para el beneficio económico particular.
Empresas ligadas al contrabando de combustible bajo investigación federal
Las autoridades federales identifican a cinco clientes principales de la firma GMA con procesos abiertos por el delito de huachicol fiscal. Estas compañías contrataron al bufete regio a pesar de tener señalamientos explícitos de la Fiscalía General de la República. Las empresas involucradas abarcan desde la comercialización de hidrocarburos hasta el transporte logístico transfronterizo.
La lista de clientes incluye a Petrolíferos Lobo, Maquiladora de Lubricantes, BSQ Global Corporation y Autotransporte de Carga Especializados Marvic. Estas entidades forman parte de una macroinvestigación federal que coordina la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel nacional. Las pesquisas rastrean el contrabando de combustibles y la falsificación de pedimentos aduanales para evadir impuestos.
Este panorama confirma que Nuevo León opera prácticamente como la capital del blanqueamiento de capitales del huachicol fiscal. El gobierno estatal permite que estas redes delictivas se asienten y prosperen en los municipios más acaudalados de la zona metropolitana. La complacencia de las instituciones locales con los empresarios bajo sospecha resulta inadmisible para la seguridad del estado.
Millonarias transferencias de los líderes del huachicol fiscal
El cliente más importante de la firma familiar es Petrolíferos Lobo con depósitos que superan los 258 millones de pesos. La mayoría de estas 76 operaciones ocurrieron después de que el gobernador asumió formalmente su cargo en el poder ejecutivo. La fiscalía federal revisa los nexos de esta empresa con redes energéticas de Tamaulipas y exdirectivos de Pemex.
Por otra parte, Maquiladora de Lubricantes transfirió más de 15 millones de pesos al despacho de los familiares del mandatario. El primer pago se efectuó en noviembre de 2021, un mes después del cambio de gobierno estatal. Esta transacción ocurrió pocas semanas después de que la FGR integrara la primera carpeta de investigación contra la gasolinera.
Los recientes cateos en San Pedro Garza García provocaron la captura de Jesús Ricardo Puente, líder de Los Petrofactureros. Este personaje controlaba una estructura de 40 empresas fachada utilizadas para simular actividades comerciales legítimas. Las transferencias de dinero hacia el despacho de los Samueles demuestran una relación económica que el gobernador no puede ocultar con simples publicaciones en redes sociales.
FGR investiga los ingresos millonarios de los despachos de Samuel García
La empresa BSQ Global Corporation también aportó 6.8 millones de pesos a la red de firmas fiscales de la familia gobernante. Las autoridades del Servicio de Administración Tributaria abrieron el folio 13173 para indagar a esta corporación por delincuencia organizada. El grupo delictivo utilizaba oficinas en la Torre Comercial América antes de sufrir un cateo federal.
El caso de Autotransporte de Carga Especializados Marvic añade más presión al entorno político del gobernador neoleonés. El dueño de esta flotilla, José Víctor Pablos Vélez, enfrenta acusaciones por introducir diésel de contrabando desde los Estados Unidos. La explosión de una planta de esta compañía en Cadereyta el año pasado expuso los riesgos de estas operaciones clandestinas.
La ciudadanía exige una respuesta clara y transparente ante estos vínculos financieros que ensucian las instituciones de Nuevo León. La bancada de Morena en el Congreso local ya interpuso una denuncia penal por el delito de enriquecimiento ilícito. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos respalda la preocupación general al señalar a Nuevo León como una zona de alta influencia para el lavado de dinero.
Deslinde oficial y la falta de transparencia del gobierno naranja
La oficina de comunicación del gobierno de Nuevo León emitió un comunicado oficial para negar cualquier tipo de irregularidad. El texto afirma que el gobernador no forma parte de la sociedad comercial de la firma GMA. La defensa argumenta que los socios del despacho brindan servicios profesionales honestos y que la conducta de los clientes es ajena.
El propio gobernador repitió estos argumentos al señalar que la firma tiene una trayectoria amplia en el sector energético regional. Sin embargo, estas evasivas no logran calmar la indignación de los habitantes de Nuevo León ante el escándalo fiscal. Las autoridades judiciales correspondientes determinarán el grado exacto de complicidad o conocimiento de las actividades ilícitas por parte de los asesores.
La opacidad caracteriza la respuesta del gobierno naranja ante las acusaciones directas de las instituciones de la Cuarta Transformación. Los discursos alegres y las campañas publicitarias ya no bastan para tapar las pruebas documentales que posee la fiscalía. Los ciudadanos merecen saber con urgencia si el dinero que financia al grupo en el poder proviene del robo de combustibles.
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