La adquisición de la quinta millonaria de Mónica Oyervides generó severas críticas hacia la gestión de la alcaldesa de Juárez y su entorno cercano. Diversos reportes periodísticos vinculan el patrimonio de la funcionaria con irregularidades y el robo del erario de Nuevo León. Además, el caso cobra relevancia ante las múltiples denuncias a Félix Arratia, su esposo y actual integrante del gabinete estatal, quien enfrenta señalamientos por desvío de recursos públicos.
El historial financiero detrás de la quinta millonaria de Mónica Oyervides
Según reportó el periódico EL NORTE, la edil adquirió una finca campestre valuada en 8.1 millones de pesos en el municipio de Santiago. La operación ocurrió en noviembre del año pasado y el pago se liquidó de contado. En aquel momento, ella ocupaba el cargo honorario de presidenta del DIF local, mientras su cónyuge gobernaba dicho ayuntamiento.
Posteriormente, en marzo de este año, la funcionaria asumió la titularidad de la alcaldía tras la salida de su esposo hacia el gabinete de Samuel García. Aunque incluyó el inmueble en su declaración patrimonial de mayo, el documento omitió ingresos, cuentas bancarias o inversiones previas que justificaran el gasto. De igual manera, la administración municipal mantiene oculto su salario actual, aunque el tabulador oficial de enero marcaba un ingreso bruto mensual de 70 mil 500 pesos.
Por otra parte, la revisión fiscal citada por el medio revela que la alcaldesa no tuvo percepciones suficientes durante los últimos cinco años para cubrir el costo total. Entre 2021 y 2026, facturó apenas 7.1 millones de pesos en total. La mayor parte de ese dinero provino de la empresa LF Flora México, una florería constituida en la Ciudad de México, mientras que el resto llegó de despachos contables y jurídicos pertenecientes a su propio esposo.
Características del inmueble y antecedentes laborales de la edil
La escritura pública, firmada el 19 de noviembre de 2025 ante el Notario Público 143, detalla la ubicación exacta de la propiedad. El terreno abarca cinco mil tres metros cuadrados dentro del Fraccionamiento Campestre Las Huertas, en la Congregación Huajuquito. Asimismo, el registro patrimonial indica que la construcción ocupa 389 metros cuadrados.
A través de tomas aéreas difundidas por la prensa, se observa que el complejo cuenta con una residencia principal, alberca y amplias zonas arboladas. El predio se sitúa muy cerca de la Carretera a la Cortina y de la Presa La Boca, una zona exclusiva de descanso. Sin embargo, el historial profesional de la funcionaria contrasta con el alto valor de esta adquisición inmobiliaria.
De acuerdo con su currículum oficial, su experiencia previa se limita a su labor honoraria en el sistema DIF y a clases impartidas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los registros ante Hacienda confirman que la máxima casa de estudios le pagó solamente 48 mil 528 pesos entre abril de 2022 y julio de 2023. Ante los cuestionamientos públicos sobre el origen de los recursos, ninguno de los dos funcionarios aceptó conceder entrevistas para aclarar las cifras.
Irregularidades en contratos de uniformes y denuncias a Félix Arratia
El contexto político de esta compra incluye graves señalamientos financieros contra el actual secretario de Igualdad e Inclusión estatal. De acuerdo con publicaciones periodísticas recientes, el funcionario utilizó una empresa facturera y otra compañía investigada por lavado de dinero para adquirir uniformes escolares. Dicha operación representó un desembolso superior a los 140 millones de pesos, sin que hasta el momento existan detalles públicos sobre precios unitarios o padrones de beneficiarios.
Aunado a esto, el historial administrativo del servidor público acumula diversas controversias legales desde su paso por el gobierno estatal. Según informó la plataforma MILENIO-Multimedios, el funcionario solicitó separarse temporalmente de la Subsecretaría de Administración Tributaria tras admitir la existencia de ocho denuncias en su contra. Las carpetas de investigación radican tanto en la Fiscalía General de Justicia como en la Fiscalía Anticorrupción por presuntos actos de abuso de autoridad, chantaje y amenazas.
Durante su gestión en el organismo tributario estatal, la dependencia ejecutó embargos a cuentas bancarias de varios municipios por supuestos adeudos en el Impuesto Sobre Nómina. En respuesta a los recientes señalamientos mediáticos sobre su patrimonio y gestión, el funcionario declaró en un evento público que las críticas periodísticas solo buscan avivar conflictos políticos en el municipio de Juárez.
Exigen investigar la quinta millonaria de Mónica Oyervides y desvíos de su esposo
La falta de transparencia en el manejo de los fondos estatales motivó nuevas acciones legales por parte de la sociedad civil organizada. Integrantes del colectivo ciudadano Grupo de las Seis acudieron ante la Fiscalía Anticorrupción para presentar una denuncia penal contra Félix Arratia y el activista Cosijoopii Montero. La acusación señala un presunto desvío de recursos públicos superior a los 270 millones de pesos mediante el programa de reforestación estatal.
De acuerdo con la declaración de Rebeca Clouthier Carrillo, integrante de la agrupación, las autoridades reportaron la plantación de más de 650 mil árboles sin contar con respaldo real. El colectivo denunció el uso de facturas clonadas, pagos excesivos a empresas inexistentes y la simulación de obras ambientales. Para las denunciantes, estas prácticas constituyen delitos graves de fraude, peculado y corrupción que afectan directamente el patrimonio de los contribuyentes neoleoneses.
Finalmente, distintos actores políticos se sumaron al reclamo para auditar tanto los convenios ambientales como el patrimonio de los servidores públicos involucrados. Ciudadanos exigieron transparentar los sobrecostos detectados en la compra de árboles para la Alameda Mariano Escobedo en Monterrey. Por su parte, el Congreso local anunció que colaborará en las indagatorias para fincar responsabilidades legales en caso de confirmar el uso indebido del presupuesto público.
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